Extorsiones en aumento: Tres denuncias diarias en la Región Lima alertan sobre avance del crimen organizado

 

La Región Lima atraviesa una preocupante escalada de violencia y crimen organizado que se manifiesta con mayor crudeza en el aumento sostenido de las extorsiones. Entre enero y mayo de 2025, se han registrado nada menos que 526 denuncias por este delito, lo que equivale a un promedio de tres casos diarios, según cifras oficiales del Sistema de Información de Denuncias Policiales (SIDPOL).

Este dato no solo refleja una tendencia al alza, sino que también desnuda las graves limitaciones del Estado para contener la expansión de organizaciones criminales que operan impunemente en distintas provincias, entre ellas Huaura, Barranca, Cañete Huaral, entre otras. Las extorsiones, antes asociadas a bandas de zonas específicas, hoy golpean por igual a empresarios, comerciantes y ciudadanos comunes, generando un clima de miedo e incertidumbre generalizada.

Resulta alarmante que en plena era digital, con acceso a tecnologías de rastreo y vigilancia, la respuesta de las autoridades siga siendo reactiva y tardía. La activación de la Central 111 de la Policía Nacional del Perú —aunque necesaria— se presenta como un intento paliativo frente a un problema estructural. La línea, que promete atención las 24 horas y conexión directa con la Central 105, es una herramienta útil, pero insuficiente si no está acompañada de una estrategia de inteligencia, prevención y sanción más contundente.

La violencia no se combate solo con líneas telefónicas. Se requiere una articulación real entre gobierno central, Regional, Policía Nacional, Ministerio del Interior y sistema judicial, que hoy parece desbordado y hasta ausente. La ciudadanía, entre tanto, debe seguir enfrentando sola las amenazas, cobros extorsivos, atentados y chantajes.

¿Cuántas denuncias más deben registrarse para que se declare una emergencia en seguridad? Si la tendencia se mantiene, 2025 cerrará con cifras históricas de extorsión. Y lo más grave: con más víctimas a quienes el Estado no logró proteger. La pasividad institucional es cómplice silenciosa del avance del crimen. La Región Lima no puede seguir siendo rehén de la impunidad.