Asimismo el Estado deberá pagar por concepto de remuneración por la construcción y equipamiento del establecimiento la suma de 5` 125,000 soles trimestral (1.840.419 dólares) .
La operación de mantenimiento asciende de dos millones 495,000 nuevos soles trimestral.
Así, además del diseño, financiación y construcción de la nueva cárcel, el consorcio se ocupará del mantenimiento y la operación de la misma por un periodo de 25 años.
El penal tendrá capacidad para 1.536 reclusos varones no reincidentes y deberá además incluir una factoría, a cargo de la concesionaria, que dé trabajo a al menos el 60 por ciento de los presos.
Según Proinversión, el proyecto demandará una inversión de unos 90 millones de soles (32 millones de dólares).
La construcción de un penal operado por una empresa privada ha sido un largo proyecto que ha encontrado apoyos y detractores en Perú, y busca paliar el alto hacinamiento que registran las cárceles peruanas, con un sobrepoblación, según datos oficiales, actualmente la mayor población penitenciaria se concentra en Lima y que existe un déficit de plazas para 13.572 internos.
Aunque el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) delega la operación del nuevo establecimiento, algunas acciones concretas continuarán bajo administración estatal, aspecto que aún deberá concretarse.
Por Agencia EFE
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